La Fiscalía de Área de Ponferrada estima que existen indicios de la comisión de un presunto delito contra el Patrimonio Histórico con motivo de la ejecución de las obras acometidas en la carretera N-536, a su paso por Salas de la Ribera, y que causaron daños irreversibles en el yacimiento de graptolitos más importante del mundo, tal y como hicieron público esta misma mañana en rueda de prensa la portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, Secundina Vázquez, y el secretario de organización de este partido, Pedro Quintana.
La Fiscalía ha dado traslado al Juzgado de Guardia de las actuaciones que ha llevado a cabo y pide al juez que abra diligencias previas con el fin de requerir, entre otras medidas, “al Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez para que informe sobre la obra llevada a cabo en el mes de junio de 2015 en la carretera N-536 a su paso por la localidad de Salas de la Ribera, perteneciente al Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, indicando las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en protección del Yacimiento Paleontológico de Salas de la Ribera, Lugar de Interés Geológico”.
Tanto Quintana como Vázquez señalaron la pasividad mostrada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, representado por su alcalde Julio Arias, quien desde un principio ni siquiera aceptó debatir en el Pleno una moción presentada por Coalición por El Bierzo instando a la Junta de Castilla y León a que procediera a efectuar una evaluación de los daños producidos por la obra de la carretera, así como la posibilidad de recuperar, proteger y poner en valor el yacimiento arqueológico. También recordaron que dicha moción también fue presentada en el Consejo Comarcal de El Bierzo, donde fue aprobada, y en la Diputación Provincial, donde el escrito presentado por el diputado de Coalición Pedro Muñoz recibió un apoyo unánime.
Tras la aprobación de la moción, Coalición por El Bierzo ha seguido preguntando periódicamente al presidente de la Diputación Provincial, Juan Martínez Majo, por la respuesta de la Junta de Castilla y León. Según Majo, la propia consejera de Cultura, Josefa García Cirac, tiene intención de visitar el yacimiento para conocer los daños producidos en él. Sin embargo, ha pasado más de un año sin que la administración pública competente haya hecho nada al respecto, por lo que ya sólo queda, como única esperanza, que sea el juez quien abra juicio, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, quien concluye su escrito pidiendo al órgano judicial que proceda a la “declaración en condición de investigados de las personas responsables por acción u omisión de los daños causados en el Yacimiento”, lo que implicaría de lleno tanto a los responsables de la obra, como al alcalde del municipio, que no sólo mostró una total pasividad en la protección del yacimiento, sino que despreció todas las indicaciones e informes de la comunidad científica sobre la enorme importancia y dimensión de dicho yacimiento.
