Los concejales del grupo político de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada se han ausentado del Pleno celebrado este martes porque “no queremos participar en el debate y votación del punto referido a la devolución de los sueldos declarados por una sentencia como indebidamente percibidos por varios concejales de la anterior corporación municipal”, según asegura el portavoz de Coalición, Pedro Muñoz.
Coalición por El Bierzo respeta y acata las decisiones judiciales y las sentencias y no acepta que se sometan al debate plenario de un ayuntamiento, como pretende hacer la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.
“Las decisiones judiciales de los tribunales se cumplen y punto”, tal y como acaba de recordarnos el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, con el que se ve que la alcaldesa está en desacuerdo.
Según Pedro Muñoz, “La decisión de la alcaldesa de someter al debate y aprobación del Pleno la ejecución de una sentencia judicial sienta un serio y peligroso precedente. Me refiero a llevar al Pleno esta cuestión. Y pregunto a la alcaldesa ¿por qué no ha hecho esto mismo con otras sentencias que afectan a este ayuntamiento?, ¿o tal vez ésta es la primera sentencia que trae al Pleno y a partir de ahora piensa traer, para que se debatan y voten, el resto de las sentencias?”.
Es inaudito que el cumplimiento de una sentencia se someta a la votación de un grupo de concejales. Eso no se ha visto jamás en España ni en ningún otro país democrático.
En ese sentido, no es que Coalición por El Bierzo no quiera dar la cara, pretenda escurrir el bulto o ponerse de perfil, como alguno de forma malintencionada ha llegado a decir.
Muy al contrario, Coalición por El Bierzo tiene absolutamente claro que esta sentencia es de obligatorio cumplimiento y el juez le ha dicho a la alcaldesa que le corresponde a ella y a nadie más velar por ese cumplimiento.
Hace ya muchos meses que el juez emitió esta sentencia, que es suficientemente clara, como para no necesitar intérpretes, pero alguien se empeñó en que no era así y siguió mareando la perdiz hasta que el juez dijo lo que era evidente, que todo estaba muy claro y que le correspondía a la alcaldesa ejecutar lo que él mandaba en la sentencia. El juez llegó incluso a apercibir a la alcaldesa de que, si no cumplía la sentencia, podía incurrir en responsabilidades personales en forma de multa.
Pedro Muñoz le pregunta a la alcaldesa, “en el caso de que, ilegalmente, el Pleno se pronunciara sobre el asunto y votara en contra de cumplir la sentencia, ¿qué le diría doña Gloria al juez?, ¿que no ha cumplido la sentencia de un juez porque se lo ha impedido un grupo de concejales?”. Esto es un puro sinsentido.
La alcaldesa de Ponferrada tiene el cometido, la orden del juez, de exigir la devolución de unos sueldos indebidamente cobrados a raíz de un Pleno declarado nulo. “¿Qué hay que interpretar aquí?, ¿quiénes somos nosotros para debatir esa orden, para incumplir esa sentencia?. Si quiere incumplir la sentencia, hágalo y enfréntese usted a las consecuencias jurídicas, pero déjenos a los demás al margen, porque a los concejales de este Ayuntamiento no les ha pedido el juez que ejecuten la sentencia, se lo ha pedido directamente a usted”, afirma Muñoz.
No se puede ir pidiendo a los demás que cumplan la ley mientras uno mismo la incumple. Eso merma legitimidad de la persona que así actúa y de la institución a la que representa.
La alcaldesa tiene una obligación ineludible. Debe adoptar la decisión que tiene que adoptar y no debe meter al resto de concejales del ayuntamiento en este callejón sin salida.
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